Lo que hoy ocurre con el senador Kusanovic no nació de la nada. Y quienes ahora rasgan vestiduras hablando de “chantaje” deberían primero tener la honestidad de reconocer cómo el propio gobierno fue dinamitando los equilibrios políticos internos desde el primer día.
Durante años existió una práctica política evidente —aunque no estuviera escrita—: los parlamentarios de una región tenían prioridad de opinión en decisiones sensibles sobre representación territorial y nombramientos regionales. No era un capricho. Era una forma básica de respeto político hacia quienes representan democráticamente a su zona y ponen los votos en campaña.
Pero el gobierno decidió romper esa lógica. Optó por marginar a sus propios parlamentarios y entregar protagonismo e influencia a figuras independientes e incluso sectores externos de izquierda, sin explicar jamás los criterios políticos detrás de esas decisiones. En Magallanes eso se hizo evidente. Y ahora algunos se sorprenden de que existan tensiones.
Quienes hoy acusan a Kusanovic de “chantaje” olvidan algo esencial: cuando a un senador se le exige ordenar votos, defender reformas y sostener políticamente al gobierno, pero al mismo tiempo se le excluye deliberadamente de las decisiones relevantes de su propia región, el conflicto no lo crea el parlamentario. Lo crea un gobierno que pretende tener respaldo sin otorgar participación.
Eso no significa que sea correcto condicionar una reforma estructural por diferencias políticas regionales. Pero tampoco es serio fingir que los votos parlamentarios aparecen por obligación moral mientras La Moneda administra el poder ignorando a quienes después necesita disciplinados en el Congreso.
La política funciona sobre confianzas, equilibrios y respeto político mutuo. Cuando el gobierno rompe unilateralmente esos códigos, no puede después actuar sorprendido porque aparezcan fracturas internas.
Aquí hay una responsabilidad compartida. Y si el oficialismo de derecha quiere estabilidad legislativa, primero debe entender algo básico: no se puede pedir lealtad permanente mientras se margina a quienes sostienen territorialmente el proyecto político en las regiones.
Magallanes no necesita operadores comunicacionales buscando culpables. Necesita un gobierno que deje de administrar el poder desde círculos cerrados y vuelva a entender que los parlamentarios regionales no son simples botones de votación.
Lograr una representación de centroderecha en el Congreso por la Región de Magallanes fue el resultado de un largo trabajo territorial. Es preocupante que la gestión del actual Gobierno amenace con desmoronar, en poco tiempo, un esfuerzo político que tomó años construir