La economía crecerá menos de lo previsto, con mayores gastos, menores ingresos y una inflación más alta de lo anticipado. Este es el panorama que enfrentarán el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el Gobierno en su último año. Esta situación agudiza la tensión entre las demandas de gasto social y las restricciones presupuestarias, junto con el compromiso de mantener el déficit estructural bajo control.
El Imacec de septiembre reveló una economía estancada, lo que llevó a Marcel a reconocer que el crecimiento proyectado de 2,6% o más para este año no se cumplirá. En el mercado, los economistas más pesimistas ahora proyectan un crecimiento apenas por encima del 2%, mientras que los optimistas lo sitúan en torno al 2,5%. Esta semana, la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central arrojará un panorama más definido.
La inflación también plantea un desafío. El IPC de octubre casi duplicó las expectativas del mercado, y el impacto fue aún más severo en los hogares más vulnerables. Los precios de los alimentos subieron un 2,2%, mientras que los de vivienda y servicios básicos, como la electricidad, aumentaron un 3,1%. La inflación anual llegó al 4,7%, aunque el IPC subyacente mostró un alza más moderada. Estos datos ponen en duda un posible recorte de tasas en la última Reunión de Política Monetaria del Banco Central. Habrá que esperar el IPoM de diciembre para mayor claridad.
El mercado anticipa que la inflación tardará más de lo estimado en converger hacia la meta del 3% del Banco Central. En enero, se espera otro incremento en las tarifas eléctricas, mientras que factores externos, como la posible reelección de Trump en Estados Unidos, podrían mantener altas las tasas de interés y el valor del dólar. La reciente alza del IPC –la más alta en dos años– ya generó preocupación en el Congreso.
Un escenario de inflación elevada y bajo crecimiento no augura un buen panorama para un año electoral. Hacienda ha implementado recortes para cumplir con las metas de déficit estructural de este año y ha prometido un ajuste adicional de US$ 600 millones en el gasto para el Presupuesto 2025. Esto reducirá el crecimiento del gasto público de 2,7% a 2%. Este compromiso fue clave para destrabar las negociaciones de la Ley de Presupuesto, que enfrenta un plazo ajustado para su aprobación.
Con un espacio fiscal más limitado, bajo crecimiento e inflación elevada, las posibilidades del Gobierno de aumentar el gasto social de cara a las elecciones presidenciales de 2025 se ven restringidas. En el mercado, crece la preocupación por el déficit, y el Consejo Fiscal Autónomo advierte que no hay margen para mayor gasto. El próximo Gobierno, en 2026, heredará un escenario fiscal complicado.