Por un lado que el Gobierno, el Ministro de Hacienda y la Directora de Presupuestos aclaren el financiamiento y las normas que afectan directamente a los trabajadores públicos que se mezclan en la Ley Miscelánea, y por otro lado, que la falta de financiamiento no sea la excusa para hacer una masiva desvinculación durante la próxima administración.
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